La lucha de los que reclaman Justicia por los 30.000 desaparecidos se cristalizó en la Cámara baja cuando los diputados le dieron media sanción a la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Fueron casi 17 años de búsqueda para poner fin a estas normas que garantizaron la impunidad de miles de genocidas. 

El cambio de las condiciones históricas y políticas -a partir de la decisión del presidente Néstor Kirchner de avanzar en la lucha contra los crímenes de la dictadura- permitieron que se derrumbaran las mal llamadas “leyes del perdón”. 

En una rápida votación, los diputados también dieron rango constitucional a la adhesión a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU.